Oscar Gerardo Barbosa (*)

PRIVATIZACIÓN Y SUBSIDIARIDAD

Por decisión de las autoridades provinciales está en marcha, en Entre Ríos y Santa Fe, la futura explotación privada de los servicios eléctricos provinciales que, durante décadas, se prestaron a través de las Empresas Provinciales de Energía (EPEER, en Entre Ríos; EPE, en Santa Fe). La privatización se hace bajo regímenes de concesión regulada, dado el carácter de servicio público que obliga al Estado provincial a velar por los intereses de los usuarios.

Naturalmente, se trata de legitimar la decisión con un argumento que no deja de ser importante: mejorar la competitividad de nuestras provincias con menores costos energéticos. Sin embargo, esto es sólo una parte del problema.

La EPEER y la EPE (junto a las cooperativas locales de suministro eléctrico y alumbrado, que, estrictamente hablando, se anticiparon al propio Estado) han cumplido un papel importante durante muchos años, prestando satisfactoriamente el servicio y llevando la electrificación a la familia rural, allí donde -difícilmente- llegaría una empresa con exclusivo criterio de lucro. Así lo entendieron sus creadores (hace más de 50 años), sus trabajadores y diversas conducciones.

Seguramente, cierta concepción de la política que cree que los recursos estatales son infinitos, puede haber hecho de las suyas en estas empresas, como en tantas otras señeras instituciones que hemos visto desaparecer. Pero esto no hace mella en una rica historia de realizaciones, y tanto la EPE como la EPEER podrán demostrar, con distintos indicadores, sus logros en ese sentido.
Servicios públicos el&eactue;ctricos: una historia con conflictos

La Historia Argentina de este siglo está teñida de conflictos con las empresas, especialmente británicas, que usufructuaban los servicios públicos y otros recursos estratégicos, entre ellos la electricidad. Primero Yrigoyen, y fundamentalmente Perón y sus seguidores, fueron quienes, desde mediados del '40, desarrollaron una política de control y prestación estatal de los mismos, estableciendo un nuevo equilibrio entre política y economía.

Es que los servicios públicos en general, y los servicios eléctricos en particular, tienen características que los hacen sumamente interesantes para el capital adverso al riesgo.
Monopolios naturales

Los servicios eléctricos adquieren el carácter de servicio público ya que, por eficiencia económica y técnica, el mismo encuentra su forma de prestación óptima bajo condiciones de monopolio, o de "monopolio natural", aparte de la importancia de insumo clave para la competitividad del aparato productivo.

El nuevo sentido común económico diría que habría que pasarlo a administración privada, transformar un monopolio público en monopolio privado, velando el Estado por niveles de eficiencia económica y calidad de los servicios satisfactorios para el interés general (principio de subsidiaridad). Esta sería la función de los regímenes provinciales de regulación eléctrica; mi duda es si, con las solas normas legales, ello está asegurado.
¿Dónde está el bien común?

En nuestra opinión, crear regímenes de regulación de los servicios eléctricos es imprescindible y necesario, pero no suficiente, para asegurar el bien común y el interés general.

Si la privatización de la EPEER, o de la EPE, desemboca en el control de esta actividad por parte del capital internacional, o de los conglomerados económicos concentrados del país (y, de hecho, hay una gran posibilidad de que así ocurra), los dirigentes y ciudadanos deben saber que, en la práctica, estamos volviendo al régimen de acumulación de la década del '30. Dicho de otro modo, los recursos generados por la producción regional serán retirados anualmente de la corriente de inversión y de la generación de empleo provincial.

El "nuevo" sentido común trata de hacer pensar que nadie mejor que estos grupos para asumir estas responsabilidades. Sin embargo, pretendemos fundamentar que ésta no es la única alternativa, aun en el marco de las actuales reglas de juego económicas, las cuales implican, sí, un desafío para los dirigentes y la sociedad civil: el de no dejarse llevar por las urgencias del momento sino pensar en los intereses provinciales de largo plazo para, desde allí, pasar a las acciones concretas.
El interés de los actores: entre lo urgente y lo importante

Nadie puede dudar de que tales privatizaciones se plantean en momentos difíciles para las provincias, caracterizados por una situación crítica de sus finanzas, donde caen los recursos de coparticipación, en tanto la posibilidad de auxilio financiero central llega "atada" a la venta de empresas y activos estatales (casos entrerrianos: BERSA, LAER, EPEER), u otros recortes del sector público provincial.

La situación recesiva establece presiones adicionales para ajustar financieramente a las provincias, ya que caen las bases de imposición. El interés de la conducción económica nacional por las privatizaciones está en la necesidad (vital) de sostener la convertibilidad vía las entradas de fondos externos, que generan (sea por créditos o por dinero fresco) el imprescindible equilibrio en el balance de pagos del país, al tiempo que reduce las presiones sobre el tipo de cambio fijo, columna vertebral del actual esquema económico.
El interés del inversor privado

Hace algunos años, el Boston Consulting Group popularizó un método de análisis de inversiones que identifica cuatro empresas típicas:

a) empresas "signos de interrogación" (atractivas, pero riesgosas);

b) empresas "estrellas" (star business) (brillantes, pero requieren muchas inversiones para explotar sus posibilidades);

c) empresas "perro" (no van a ninguna parte);

d) empresas "vacas lecheras" (cash cows): rentabilidad positiva; flujo de fondos altamente positivo. ¿Dónde ubicamos a las empresas de energía?

Para el gran inversor privado, hacerse cargo de servicios públicos privatizados es un apetecible negocio; opera con un mercado cautivo, en crecimiento, sin riesgos empresarios. El sector de distribución eléctrica utiliza tecnologías que están en el mercado, y, con un razonable gerenciamiento (y mejor "lobby") tiene asegurado, durante años, un flujo permanente de dinero efectivo que pocos sectores pueden ofrecer. El ingreso al sector puede llegar a alcanzarse con mínimas inversiones propias ya que, obtenida la concesión, ningún banquero inteligente del mundo negaría apoyo crediticio a un proyecto de rentabilidad asegurada y excelente capacidad de repago, donde los excedentes crecen atados al aumento poblacional y a la actividad productiva.
Privatizaciones: La experiencia internacional comparada

Uno de los aspectos menos difundidos de los procesos de privatización a nivel internacional es que, aun en la experiencia inglesa (acabado ejemplo de la política económica de mercado), al igual que en toda la experiencia europea, hay una política concreta para que los monopolios públicos no devengan en monopolios privados, de ahí que la estrategia de privatización fue vender las acciones al público, a las familias, a los pequeños inversores. En otras palabras, se buscó popularizar el capital para evitar que éste cayera en manos de los bancos y grandes inversores; de allí surgió el concepto de "economía popular de mercado".

La experiencia argentina se sitúa en las antípodas de lo antes expresado: los principales beneficiarios de las privatizaciones de los servicios públicos son empresas controladas por los conglomerados económicos nativos, con participación financiera externa: la ex-Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Di.P.O.S.) santafesina queda en manos del grupo SOLDATI (luego de competir con el grupo MACRI); EDESUR Y EDENOR, en el Gran Buenos Aires, pasan a manos de los grupos ASTRA Y PEREZ COMPANC, acentuando el proceso de concentración económica.

Salvo en el sector de las telecomunicaciones, los grupos beneficiarios de las privatizaciones no están especializados en los temas atinentes a los servicios públicos; son simplemente inversores y articuladores de la conjunción de capital de crédito, ingeniería financiera, y gerenciamiento. Tanto es así que, en las privatizaciones de los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, el gerenciamiento especializado fue aportado por las empresas eléctricas estatales Electricité de France (gala), Endesa y Ribagorzama (españolas), y Endesa (chilena, subsidiaria española) y Chilectra (chilena, privada).
El futuro de la EPE y la EPEER

No tengo dudas: la EPE Y LA EPEER nacieron para estar al servicio de los consumidores y de sus respectivas provincias; su patrimonio se formó con impuestos pagados por los contribuyentes y con excedentes generados por los usuarios. No estoy pensando como los canadienses, que acordaron entregar gratuitamente al pueblo las acciones de las empresas estatales privatizadas (porque las formaron con sus impuestos). Lo que sostengo es que debemos agudizar la imaginación para que los consumidores Santafesinos y Entrerrianos sigan/sigamos siendo dueños de los que les/nos pertenece y construyeron/construimos durante muchos años.

Por lo manifestado, creo que las cooperativas de servicios públicos, grandes y pequeños consumidores, municipios, organizaciones económicas, entidades financieras identificadas con la región, y el sector científico-tecnológico deberíamos confluir y proponer alternativas emprendedoras para participar en el proceso de privatización de nuestras empresas eléctricas provinciales; ello es técnica, económica y financieramente factible.

Debemos rescatar, en tal sentido, el potencial de las cooperativas de servicios públicos locales para incidir en la trama de la acumulación de capital social y construir una comunidad más equilibrada económica y socialmente, intermediando entre el Estado, la sociedad y el mercado (cooperativas hacia adentro; empresarios hacia afuera).

Eso sí, asumir una actitud de esta índole exige voluntad política, capacidad emprendedora y, sobre todo, estar preparados para "remar contra la corriente" cuando está en juego el interés de la comunidad.

(*) Lic. en Cs. Económicas; Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER; Profesional del Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CONICET); Titular Delegación Ceride en Paraná (E.R.).

(C) CERIDE