EL FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA*
Calidad, rigor y transparencia en el proceso de evaluación y asignación de subsidios.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la investigación científica y tecnológica sufrió un cambio sustancial cuando los Gobiernos de los países más avanzados adoptaron una política de intervención activa en su financiamiento masivo en áreas estratégicas. Esto se llevó a cabo principalmente a través de la creación de instituciones nacionales dedicadas a la investigación fuera del ámbito universitario. El caso pionero fue el de la Atomic Energy Commission, de EE.UU., que financió una red de laboratorios nacionales de gran envergadura, empleando centenares de científicos y construyendo instalaciones monumentales, en una escala nunca antes vista en los claustros universitarios de la ciencia tradicional. Estas instituciones fueron creadas para abordar problemas específicos y reciben fondos públicos para cumplir con objetivos que fija el Gobierno.
Otra forma de financiar: Pocos años después, con la creación de la National Science Foundation en 1950, aparece otro mecanismo para financiar Ciencia. En éste los fondos públicos son destinados a apoyar grupos de investigación (en lugar de instituciones) capaces de proponer buenas ideas. Este segundo mecanismo funciona a través de concursos públicos de propuestas que son financiadas mediante subsidios. La iniciativa acerca de qué hacer reside en los propios científicos, que compiten por los fondos, más que en los administradores de las instituciones científicas. Si está bien organizado (con un buen sistema de evaluación de proyectos), este mecanismo tiene la virtud de garantizar la calidad de lo que se financia y de fomentar la creatividad de los propios actores del sistema, y ha mostrado ser muy eficiente para alimentar sistemas sanos y robustos de ciencia y tecnología. Esto ha dado lugar a la creación de "Consejos de Investigaciones" en la mayoría de los países con cierto grado de desarrollo.
En nuestro país; en el exterior: En 1958, en la Argentina, por iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET (este año transita su cuadragésimo aniversario). Su función principal, aunque no única, fue la de otorgar subsidios a los investigadores capaces de formular buenos proyectos con independencia de la institución en donde realizaran su trabajo. También el CONICET desarrolló una tarea importantísima en la formación de recursos humanos para la Ciencia, tanto a través de la Carrera del Investigador Científico como del programa de becas externas.
Con el paso de los años, los Consejos de investigaciones de varios países (Canadá, España, Reino Unido, Francia, Argentina, y otros), con algunas excepciones (caso de la National Science Foundation, de EE.UU.), extendieron sus funciones para incluir la creación y sostenimiento de centros e institutos de investigación. Al asumir esta doble responsabilidad de otorgar subsidios a investigadores buenos, sin importar su afiliación, y a la vez administrar institutos, se crea una obvia situación de "conflicto de intereses" pues una responsabilidad se opone a la otra. Por eso es que en varios de los países mencionados se han recreado los "Consejos" cuya única responsabilidad es la de promoción, o sea, el mecanismo de otorgar subsidios, separada de la de "ejecutar". En el caso del CONICET, la atención de más de un centenar de institutos y un plantel de más de 6000 científicos y técnicos ha conspirado contra un ejercicio adecuado de la función de promoción como lo demuestra el hecho de que, en los últimos años, menos del 2% de su presupuesto estuvo disponible para financiar proyectos de investigación y desarrollo.
El porqué de la Agencia: La creación de una Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en la Argentina obedece a la conveniencia de contar con un organismo exclusivamente dedicado a la promoción de proyectos, sin instituciones propias para evitar conflictos de intereses, apta para subsidiar proyectos de calidad en condiciones de plena equidad respecto de todos los grupos de investigación del país, con independencia de la institución a la que pertenecen.
En cuanto al dinero, cabe destacar que los fondos de la Agencia provienen en su mayor parte de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado inicialmente sólo a la promoción de la innovación y modernización del sector privado, y que las actuales autoridades lograron que también pueda ser destinado al apoyo de la investigación científica. Merced a esto, la Agencia concluirá con la evaluación de 2500 proyectos presentados a su primera convocatoria, otorgando subsidios por un monto aproximado de 27 millones de pesos (un orden de magnitud superior en un 160% al último año). Esto no sustrajo en nada los recursos del CONICET, cuyo presupuesto, por otra parte, se incrementó en forma significativa ($ 21 millones). Además, es útil señalar que los fondos que maneja la Agencia estaban previamente en manos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por lo cual fue una decisión política sana de la propia Secretaría renunciar a esta atribución y transferir la responsabilidad a un órgano colegiado como es el Directorio de la Agencia.
La existencia de la Agencia es un hecho auspicioso y puede llegar a tener un impacto decisivo en el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el país. Se ha realizado un gran esfuerzo en la puesta en marcha de un sistema de evaluación de proyectos, inédito en la Argentina, que significa un valioso paso hacia adelante con el auxilio de decenas de científicos y tecnólogos que han realizado la delicada tarea de distribuir proyectos entre miles de especialistas del mejor nivel en todo el mundo, y de seleccionar los mejores, asegurando calidad, rigor y transparencia en el proceso de evaluación y asignación de subsidios. Es un buen comienzo que merece ser continuado.

(*) Por el Dr. Mario A.J. Mariscotti, Presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. "Noticias C y T", Año 2, N° 3. Selección y adaptación: Lic. Enrique A. Rabe. © CERIDE