Autoras:

 Magister Liliana Llobet

Docente a cargo de Periodismo y Comunicación Impresa y Comunicación Impresa Aplicada. Colaboradora en Ética, Comunicación y Derecho en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto.

 Licenciada Susana Molina

Auxiliar en Ética, Comunicación y Derecho, Introducción a la Psicología e Informática en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto.

 Mesa de trabajo:

 PONENCIA

 La globalización es un fenómeno multifacético: no comprende sólo la dimensión económica, sino que involucra casi todo el espectro de la actividad humana. El incesante desarrollo tecnológico es el pilar sobre el que se asienta la gran transformación mundial a nivel económico. Los mercados que antes se circunscribían a las fronteras nacionales hoy deben estar atentos al concierto de las decisiones a escala planetaria. Este proceso de integración con el resto del globo se traduce en el nivel sociopolítico en una presencia cada vez más diluida del Estado-nación.

Argentina no se encuentra al margen de esas transformaciones. Por una parte, avanza hacia la integración a partir del Mercosur, en lo económico, pero con intenciones de desarrollar aspectos vinculados con la educación y la cultura. Por otra, consolida el proceso de descentralización y privatización de empresas y servicios que tradicionalmente estaban en manos del Estado.

Insertos en este nuevo escenario, los medios de comunicación se constituyen en un importante referente de la magnitud de los cambios. En un período de diez años aumentó considerablemente la oferta mediática en cantidad y diversidad (particularmente de medios electrónicos); disminuyó la presencia estatal en la propiedad y en la regulación de los medios y se vio ampliamente favorecida la iniciativa privada, especialmente con la apertura al ingreso de capitales extranjeros que generó un importante nivel de concentración de inversiones.

Buscar nuevos modos de relación con sus audiencias en términos del rol social de la comunicación y de las expectativas que se tejen en torno a su desempeño; con el Estado como regulador o garante de derechos, y con los alcances del fenómeno de concentración y monopolización parece ser hoy el gran desafío de la industria mediática.

Para los investigadores de la comunicación el reto es articular los componentes de esta problemática. Este trabajo pretende realizar una primera aproximación en ese sentido a partir de la revisión de dos conceptos que nuclean la discusión sobre la relación medios-Estado-sociedad: interés y servicio público.

Interés público y servicio público son términos de uso cotidiano. También son categorías jurídicas, muy frecuentes en la legislación de medios. Sin embargo, su uso es a menudo indiferenciado -como si se tratara de sinónimos-, no abundan definiciones y, por tanto, su significado muchas veces se da por sobreentendido.

La dificultad de establecer eficazmente la significación de estos conceptos plantea la necesidad de empezar a analizar esta temática con el papel que debe jugar el Estado al momento de tomar decisiones vinculadas con la regulación de la comunicación masiva.

No existe acuerdo entre los autores respecto de las responsabilidades estatales en esta materia. Algunos de ellos (por ejemplo, Zaffore, 1990) observan en la regulación la posibilidad de facilitar al Estado (y al gobierno) un estricto control sobre los medios o su utilización casi exclusiva. Otros, en cambio, consideran que "los medios son tarea pública nacional del Estado" (Osorio Meléndez, 1997: 151) sin que ello signifique un menoscabo a la libertad de expresión, sino más bien su resguardo a partir de legislaciones equitativas.

Los responsables y la mayoría de los trabajadores de los medios probablemente coincidan con esta última opinión; pero a la hora de pensar que los medios deben regularse opinan diferente frente a un tema tan sensible como el de la libertad de información. Esta reacción se explica porque se asocia la idea de normativas con la censura, postura que se justifica si se tiene en cuenta la historia de la prensa.

De lo expuesto se desprenden algunas conjeturas sobre el rol que debe cumplir el Estado como regulador y garante. Una de ellas está vinculada a que brinde seguridad jurídica. Otra, a que provea las condiciones materiales para asegurar la pluralidad y para que se propicie la participación. La tercera se refiere a que el Estado, posibilite el ejercicio de la libertad de informar e informarse para garantizar el derecho a la comunicación.

El interrogante es qué posibilidades reales existen de que pueda surgir una normativa sobre medios que deje conformes a unos y otros y que, además, sea aplicada y controlada desde la máxima institución social, en las postrimerías del Estado de Bienestar

La nueva configuración estatal, caracterizada por movimientos de integración hacia fuera y de descentralización hacia el interior de sus fronteras supone el desvanecimiento de compromisos que antes eran primordiales en su accionar. Las empresas que aún conservan propiedad estatal han recibido el aporte de capitales extranjeros al tiempo que la mayoría de los emprendimientos privados han conformado monopolios.

Este proceso ha favorecido la presión de los grupos financieros sobre el Estado que se ve en la necesidad de priorizar los intereses económicos para mantener el ingreso permanente de nuevas divisas. Como consecuencia, el mercado de medios crece a pasos agigantados y sin control del Estado.

La actualidad muestra un permanente retorno al debate entre el deber ser y el ser: un Estado que ha perdido poder como propietario y regulador pero aún fuerte en su carácter de articulador del tejido social.

Frente al retraimiento del Estado el proceso de concentración de medios, merece analizarse con más énfasis desde el reconocimiento de los problemas que trae aparejados.

Según McQuail, concentración "denota el grado de monopolio que caracteriza a una firma o sector del mercado determinado: el grado en que las actividades pertenecen al mismo propietario o caen bajo el mismo control" (1992:136). La utilidad de esta definición radica en que contempla las diversas configuraciones que se presentan en la realidad de los multimedia y admite incluso el cruce de dimensiones útiles para el análisis, como la acumulación de poder sobre los medios tanto en manos privadas como estatales y a nivel administrativo o financiero.

Las cifras actuales en nuestro país son más que elocuentes: el 75 por ciento de los sistemas de cable y el 80 por ciento de los canales abiertos de alcance nacional se reparten entre dos empresas que, además, nuclean varias de las cadenas radiales de mayor penetración. También abarcan los sistemas de transmisión satelital directa y se disputan el mercado de telefonía abierta y celular, las principales rutas de acceso a Internet y una porción del mercado editorial de diarios y revistas (Umbrales, 1998).

En la provincia de Córdoba, los datos referidos a la televisión por cable también son una muestra del avance del fenómeno. Entre 1991 y 1997 se duplicó la cantidad de abonados al servicio, crecimiento impulsado por el aporte de capitales extranjeros a inversiones locales. La perspectiva para el futuro indica la continuidad de esta tendencia. La empresa líder en la provincia ya inició la ejecución del tendido de redes de fibra óptica lo que permite suponer que, en un plazo no muy lejano, el cable y las telefónicas quedarán definitivamente emparentados.

El hecho de que la mayoría de las inversiones sean de origen foráneo junto a la precariedad del marco legal sobre los monopolios constituyen las aristas más preocupantes de la concentración.

McQuail sostiene que "sin la protección de diversas formas de monopolio limitado, los medios principales serían empresas de muy alto riesgo" (ib.:139).

Esta afirmación es acertada dado que, frente a la envergadura del problema parece difícil pensar en un retorno a otra forma de propiedad de los medios. La alternativa hoy se acerca más al ámbito de la regulación, tal como lo manifiesta Facundo Gómez Minujín al considerar que las normas antimonopolio "tienen por objetivo la maximización del bienestar social dejando en manos del Estado la posibilidad de influir en el mercado cuando se trata de defender a los consumidores sin necesidad de participar mediante la prestación directa de los servicios esenciales" (1998:59).

La ley antimonopolio recientemente sancionada, y estructurada a partir de la reforma de la 22.262 (más conocida como "de defensa de la competencia") podría ser un primer paso hacia la búsqueda de soluciones.

El fenómeno de la concentración ha generado nuevas formas de relación entre los grupos empresariales y de los medios que los integran entre sí. Se denomina a esta característica con el término integración que puede ser vertical y horizontal.

La primera se registra cuando todas las etapas del proceso de producción mediático las efectúa un solo propietario. En el caso de la horizontal dicho proceso se concreta de manera conjunta entre medios que compiten o en empresas contratadas por dichos medios.

Esta relación provoca que los productos aparezcan hoy como diferenciados, aun cuando los elabore una sola firma comercial. Por su índole, la industria mediática se caracteriza, precisamente, por el alto grado de diversificación de bienes y servicios.

Sobre esta nueva configuración, interna y externa, opina McQuail: "Los sistemas de medios nacionales son en su mayoría en extremo interdependientes, de modo que una unidad del sistema afecta a otra (a través de la competencia por una audiencia limitada o por los espacios publicitarios). Se estructuran según la función (tipo de producto o target de audiencia) y también de acuerdo con factores temporales y geográficos" (ib. :137)

En esta oferta diversificada incide de manera directa la incorporación de tecnología. Su rol preponderante, en los medios y en la sociedad, está directamente relacionado con el proceso de concentración económica. En el caso particular de los medios de comunicación, la incorporación de tecnologías más avanzada incentivó la competencia realimentando la fórmula mayor competencia - mejor tecnología - nuevas inversiones - más capital.

Las investigaciones efectuadas sobre esta configuración establecen tres niveles de análisis: macro, intermedio y micro. La estructura del mercado (macro) reconoce la presencia de monopolios, relaciones de integración, diferenciación del producto, competencia y la estructura de costos. En la conducción (intermedio) se estudia la estrategia del producto (que comprende investigación e innovación), publicidad y fijación de precios. En la acción (micro) se tiene en cuenta la eficiencia, la calidad del producto y el progreso.

En cuanto a la observación del mercado la reconversión los grupos mediáticos nacionales consolidados reduce la posibilidad de aparición de nuevos medios puesto que cualquier iniciativa en este sentido requiere el respaldo de un cuantioso capital.

El nivel de conducción que organiza la estrategia del producto en los medios, se diferencia de otras empresas, dado que en éstos el financiamiento no se logra con la venta a lectores o audiencia sino con el aporte de los anunciantes. Por otra parte, el producto mediático tiene peculiaridades porque es realizado de forma rutinaria pero al mismo tiempo debe ser diferente cada día.

Otra distinción aporta McQuail: "Gran parte de la estrategia de producto concierne, además, a la manipulación de la potencial conducta de atención de las audiencias y no tanto a la colocación del producto mismo, como sucede a otras industrias" (ib. :139). Sin embargo, la actividad mediática, cada vez más influida por el marketing periodístico, busca en sus audiencias clientes potenciales para los servicios que ofrece.

No caben dudas acerca de que la empresa de medios comparte características de la empresa comercial, pero al momento de analizar su comportamiento, los criterios empresariales no son suficientes. De manera no explícita aparece la vinculación entre el producto mediático y el interés público: el medio-empresa se debate entre sus intereses comerciales y las expectativas públicas (o del público, según como se observe) respecto de su relación con la sociedad.

La noción de interés público, ligada al papel que llevan a cabo los medios de comunicación, resulta decididamente controvertida y recorre largamente la tradición investigativa sobre el tema reuniendo partidarios y detractores.

Entre quienes acuerdan con el uso de esta expresión se registran, al menos, dos variantes claramente definidas, aunque interrelacionadas por vincular la idea de interés público con el Estado.

Una de ellas considera el término casi como sinónimo de regulación, en algunos casos con connotaciones negativas, ya que suele utilizarse para justificar una normativa estricta rayana en la censura.

La otra es más ambigua, puesto que se superpone con el concepto de servicio público y se asocia con una forma particular de organización mediática (McQuail, 1992) que atiende a las necesidades comunitarias desde una estructura estatal de las comunicaciones.

Los que sugieren prescindir por completo del uso de esta expresión fundamentan su postura en la indefinición de su sentido y el abuso que se ha hecho de ella. Proponen, en la medida de lo posible, el uso de denominaciones más acotadas aunque menos adecuadas como, por ejemplo, preferencia (ibídem).

Jorge Zaffore utiliza el término servicio público como equivalente de interés público y se manifiesta en contra de su aplicación:

Sin embargo, este autor no renuncia a la concepción de servicio aunque ello implique aceptar que el término es casi tan vago como los de interés o servicio público. Para Zaffore, los medios podrían ser considerados dentro de la categoría servicio colectivo (que elabora a partir de una propuesta de De Bernard, Colli y Lewandowsky) por constituir "actividades que ponen los servicios a disposición de todos (servicios colectivos) para (satisfacer) una necesidad idéntica" (ib. :80).

El planteo de Zaffore resulta al menos confuso en sus alcances y algunas cuestiones quedan sin elucidar: qué se entiende por necesidad colectiva y cuál es la articulación entre la actividad mediática, poder político, estado y sociedad, por ejemplo.

Un punto queda claro en coincidencia con el autor anterior. Si se atiende a una caracterización de servicio público como la que ofrece Dromi (1992) desde el derecho administrativo, se evidencia su inaplicabilidad a los medios de comunicación, especialmente en los países con legislaciones arraigadas en las ideas liberales. Para este autor, el servicio público es una actividad estatal, sea provisto desde el sector público o privado, y el Estado tiene "la prerrogativa exclusiva y excluyente de controlar el funcionamiento"(ib. :11) si lo considera necesario para favorecer el interés público. En virtud de esta atribución "le cabe la competencia de modificación respecto de las formas de prestación del servicio, con el objeto de asegurar su mejor funcionamiento" (ib. :11).

Denis McQuail tiene una visión más flexible sobre el tema porque si bien reconoce que "se presentan problemas cuando se pasa de estos conceptos a la definición de criterios aplicables a la 'acción' comunicativa de los medios masivos en su función pública" (1992: 29), también advierte la necesidad de rediscutir este tema para poder "identificar manifestaciones específicas de beneficio público originadas en la comunicación que vayan más allá de los fines inmediatos de los propios medios, de sus clientes o de sus audiencias" (ib. : 49).

Esta perspectiva menos categórica permite pensar acerca de qué cuestiones pueden potencialmente formar parte de una definición de interés público, cuestiones que seguramente deben dirimirse en un debate que propicie la participación de todos los actores sociales implicados.

Siguiendo a Held, McQuail propone tres teorías diferentes para interpretar el interés público:

-La primera, llamada de la preponderancia considera que el interés público se construye a partir de la "suma de intereses individuales" (ib. :51), es decir, que prima la voluntad de la mayoría.

-La variante del interés común postula que aquello que probablemente todos los miembros de un grupo social tengan en común será la base del interés público.

-La última teoría, denominada unitaria considera un valor absoluto según el cual lo que "vale para uno, vale para todos", que puede desprenderse de un marco teórico o ideológico más amplio

Tanto la teoría de la preponderancia como la unitaria presentan serias dificultades a la hora de definir el valor o conjunto de valores que se suponen de interés público. De las tres alternativas, McQuail adhiere a la segunda, por entender que es la menos extrema y, por tanto, la más adaptable a los fines de intentar algún tipo de regulación sobre la acción de los medios.

Uno de los mayores inconvenientes para dar sentido a la idea de interés público, más allá de los buenos o malos intentos, es la multiplicidad de cuestiones que estos dos términos pueden abarcar. Suponen, en principio, la combinación de características políticas, económicas, culturales, étnicas, sociales de un determinado contexto, sea local, regional, nacional o transfronterizo. Es casi obvio que una configuración que es apropiada para una realidad no puede ser transferida a otra sin alteraciones.

De qué manera armonizar los diferentes niveles de cambio y conflicto involucrados, es un reto a largo plazo que exige no sólo de la investigación más profunda de todas las aristas del problema, sino también de la convergencia de opiniones de diferentes orígenes. Una amplia variedad de temas, como, por ejemplo auto y heterorregulación, libertad y responsabilidad empresarial, contenidos de referencia local, regional y global, estándares técnicos, entre los más relevantes, esperan para ser discutidos más agudamente y alientan la posibilidad de esclarecer un poco más el confuso panorama actual de los medios.

DROMI, R. 1992. Derecho administrativo. Tomo 2. Artea. Buenos Aires.

GÓMEZ MINUJÍN, F. 1998. Efectos de la globalización en el mundo jurídico. Un enfoque particular en el área financiera y de negocios. Contribuciones 3/1998. CIEDLA- Konrad Adenauer Stiftung AC. Julio-septiembre de 1998:43-66.

MCQUAIL, D. 1992. El control de los medios. Amorrortu. Barcelona

OSORIO MELÉNDEZ, H. 1997. Políticas de Información y Derecho. Estudio comparativo. Universidad Metropolitana. Santiago de Chile

UMBRALES. 1998. Revista del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Nº 10

ZAFFORE, J. 1990. La comunicación masiva. De Palma. Buenos Aires